Los funcionarios responsables de una deuda varias veces millonaria, administradores de organismos financiadores de salud; de no saldarlas, serán responsables de mantener a más de 30.000 personas en diálisis y sus terapeutas, dentro de los más vulnerables ante la pandemia.

Para seguir vivos, más de 30000 personas en diálisis, NO pueden quedarse en casa.

Desde hace ya algunos años, la contraprestación económica obligatoria de los financiadores, para asegurar el cumplimento a las exigencias de ley de los centros de alta complejidad tecnológica; como son los centros de diálisis, de estricta bioseguridad y calidad terapéutica imprescindible, se ha transformado en algunos financiadores públicos y de la seguridad social, en un ejemplo de la mala praxis de sus funcionarios.

Así como esta noticia no es novedosa, tampoco lo es el abrumador silencio de los funcionarios públicos responsables, a la incertidumbre generada en la gran población de enfermos renales crónicos y sus familias, ante el cierre de centros en los que recibían tratamiento personas en su misma situación de enfermedad, o la imposibilidad de aceptar nuevos pacientes, por no poder brindarles la adecuada cobertura por los permanentes incrementos en los costos de los insumos necesarios, muchos de ellos “atados” en su valor a las fluctuaciones del dólar.

Resulta fácil de entender esas dificultades, cuando millonarias deudas, tienen su origen en un dólar subvaluado en más de un 50% de su valor actual. Hoy se ha agravado notablemente la situación.

La pandemia de COVID 19, obliga a complejizar aún más las estrictas medidas de bioseguridad, que parten desde el requerimiento de mayor espacio físico por el distanciamiento social entre pacientes, equipamiento de protección adicional para el personal en atención directa, de apoyo y los pacientes, con grandes costos agregados.

A todo ello se suman los controles y/o las medidas de protección individual en los traslados hacia y desde los lugares de tratamiento a su domicilio.

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